Este viernes 09 de octubre el presidente estadounidense Donald Trump calificó de «corrupta» a la institución que otorgó el galardón a la jurista sudafricana Navanethem Pillay y, en la misma intervención, volvió a justificar la injerencia en Venezuela.

«El premio ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales», afirmó el mandatario ante sus simpatizantes, a la galardonada la tachó de «desconocida» y de corte «liberal». El desprecio se extendió a los organismos internacionales, una constante de su administración, y desembocó en la reivindicación de los «logros» de su propia gestión en conflictos geopolíticos, algo usual en su persona en el contexto de la entrega de premios internacionales.

Fiel a su retórica habitual, el inquilino de la Casa Blanca reclamó además el premio para sí mismo. Se atribuyó la resolución de la crisis en Oriente Medio y la contención del programa nuclear iraní, dos escenarios de intervencionismo belicista que presentó como méritos suficientes para merecer el reconocimiento.

Washington impuso sanciones directas contra la Corte Penal Internacional después de que Pillay participara en comisiones de investigación de la ONU.

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Esos mecanismos concluyeron que Israel cometió crímenes de lesa humanidad y genocidio en la Franja de Gaza. Las palabras del presidente llegan, por tanto, en plena tensión diplomática.

La jueza sudafricana fue magistrada de la Corte Penal Internacional y dedicó su carrera a la justicia penal y a la defensa de los derechos humanos. Esa trayectoria contrasta con la imagen de desconocida que Trump intentó fijar en Syracuse.

El tramo más explícito del discurso tocó a Venezuela. Trump mencionó a la dirigente opositora María Corina Machado y reiteró la justificación del intervencionismo con una frase de corte neocolonial y de expoliación, «al vencedor le corresponde el botín».

La frase recupera una lógica colonial que Washington esgrime sin disimulo. Al presentar el petróleo venezolano como un premio de guerra, Trump reduce la soberanía del país suramericano a un asunto de fuerza, en sintonía con la política de injerencia que mantiene contra Caracas.

Ambos mensajes expresan la misma hostilidad. Contra los organismos que limitan el poder de las potencias y contra los Estados que defienden el control de sus recursos frente al capital extranjero.

El objetivo confesado consiste en apropiarse de las riquezas petroleras del país suramericano. La referencia al botín no es un desliz, sino la formulación explícita de una política de presión que Washington sostiene contra el Estado venezolano.

Para los pueblos que recurren al tribunal como instancia de protección, la ofensiva contra la Corte Penal Internacional tiene consecuencias directas. El descrédito que Trump intenta instalar sobre el Nobel y sobre Pillay forma parte de una estrategia más amplia contra los mecanismos multilaterales que han documentado abusos en territorios ocupados y conflictos prolongados.

En diciembre, el galardón se entregará en Oslo. Hasta entonces, el presidente estadounidense anticipa que seguirá presionando contra el tribunal de La Haya y contra quienes lo integran, mientras su discurso sobre Venezuela mantiene viva la amenaza de una apropiación que él mismo describe sin eufemismos.

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